Al respecto indicó la máxima jefa del TSJ que “el Tribunal Supremo de Justicia quiere informar a estos familiares, que por supuesto acuden a nosotros preocupados por una serie de circunstancias que pudiesen beneficiar de algún modo a sus seres queridos, que en efecto en el mes de marzo ingresó ante la Sala Constitucional una solicitud interpuesta por los defensores públicos, según la cual ellos piden la nulidad y una medida cautelar contra el Código Penal y la Ley de Drogas; sobre todo, en los artículos referidos a medidas cautelares y alternativas de cumplimiento de pena”. En este sentido agregó que el Tribunal Supremo, en su Sala Constitucional, en el expediente 08287, en el cual es ponente el magistrado Arcadio Delgado, “se avocó al conocimiento de esta causa y es importante señalar que con la mayor celeridad, en virtud de que se han adelantado todos los términos que normalmente se siguen en la tramitación de las nulidades, ya tenemos preparado un proyecto que pasa a discusión de la Sala a principios de la próxima semana; es decir, que en muy pocos días nosotros hemos ya tramitado el expediente y ya tendremos una decisión”, dijo la alta funcionaria judicial.. Concluyó que “este es el mensaje que queremos dar a los familiares de las personas detenidas, a fin de que una vez más confíen en el Tribunal Supremo (…) deben comprender que los trámites judiciales, sobre todo los procedimentales deben cumplirse para que las decisiones sean válidas y es por ello pues que cumplidos todos los trámites y los procedimientos, estamos ya en disposición, la Sala Constitucional, de emitir una sentencia referida a esta solicitud de medidas cautelares y alternativas de cumplimiento de pena”. Como se recordará, el pasado 9 de marzo, la Defensa Pública (DP) interpuso ante la Sala Constitucional un recurso de nulidad por inconstitucionalidad de los parágrafos únicos de los artículos 374, 375, 406, 407, 456, 457, 458, 459, parágrafo cuarto del artículo 460 y 470 in fine, todos del Código Penal, así como el último aparte de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y que por vía de consecuencia, dicha instancia ordene su no aplicación. Esos artículos regulan los beneficios procesales y las formulas alternativas del cumplimento de la pena, ellos niegan los beneficios procesales para algunos delitos. |
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