"Es una plantilla repetida de lo que se viene sucediendo en los centros de reclusión por la falta de justicia a tiempo, por el continuo y sostenido maltrato que mantienen funcionarios y efectivos de la Guardia Nacional a la población reclusa y llega el momento que la propia población, conjuntamente con sus familiares dicen ya basta", manifestó el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado. Denunció que se hacen acuerdos con los reclusos pero dejan de cumplirse en corto lapso de tiempo. "Siempre sale el cuerpo de bomberos de la Dirección de Prisiones a hablar con los internos a poner en blanco y negro una serie de compromisos que luego no los cumple; y después al tiempo vuelve a pasar una y otra vez". Indicó que entre las quejas que manifestaron los internos se encuentra que "el jueves pasado pasaron una requisa donde resultaron heridos de consideración varios internos, quienes se encuentran en sus pabellones en vista de la falta de atención médica que mantienen las autoridades con esa población reclusa". De igual forma, Prado señaló que los reclusos también denunciaron que no fueron instaladas en Yare las mesas técnicas acordadas cuando admitieron el recurso en el Tribunal Supremo de Justicia por la inconstitucionalidad de los artículos del Código Penal, en el mes de marzo. "Esas son cuestiones que el preso va notando, hasta que sucede lo que pasó el pasado domingo en ese centro carcelario", dijo Prado. A juicio de Prado, el Estado no ha podido dar cumplimiento a las medidas emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos del pasado 6 de marzo del año 2006 para Yare I y Yare II. "Se encuentran bajo medidas de protección por la Corte y si el Estado no ha honrado ese compromiso con la Corte, ¿qué queda con la población reclusa?", recordó. "El Estado es el único que incumple sus compromisos con la población reclusa porque cada una de sus misiones y funciones están establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal, en la Ley Orgánica del Ministerio de Interior y Justicia, en la Ley Orgánica del Ministerio Público y en la Ley de la Defensoría del Pueblo", opinó. Indicó que en esos penales no solo existe una violación del derecho a la vida; sino también una violación del derecho a la dignidad, a la salud, al estudio y al trabajo. (Fuente: Unión Radio) |
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