JOLGUER RODRÍGUEZ COSTA Tangiblemente, han obtenido mínimos resultados, y son amenazados cuando efectúan una demanda comprometedora. Incluso agredidos, por funcionarios del Estado, al cual, quijotesca y paradójicamente, claman participación para enderezar el tortuoso camino a la justicia. Tres mujeres, defensoras con historias propias, desembocan en el estoico proceso, que termina estrellándose contra el muro de la impunidad. A propósito de celebrarse, pasado mañana, miércoles 10, el Día Internacional de los Derechos Humanos, ellas piden que no las vean como enemigas, y las dejen trabajar, “libremente y sin amenazas”. Lo indefendible Sánchez, abogado, especialista en el área penal trabaja en el Observatorio Venezolano de Prisiones. Considera difícil la tarea de promover los derechos humanos de una población penitenciaria de, aproximadamente, 17 mil reclusos. De ellos, por cierto, 400 son albergados en la “peligrosa” cárcel de Puente Ayala (Barcelona). Otra activista, María José González, una hermana Caritas de Los Teques, lleva 25 años trabajando por esta causa. Y cataloga como “grave” la situación de los derechos humanos en Venezuela; tanto, que sus defensores “no tienen vacaciones porque es una actitud de vida”. Según la religiosa, los derechos humanos ameritan de historias y recuerdos, de manera que no se olvide y repita lo nefasto, y alcanzar finalmente la justicia”. También, Yris Medina parece arar en el mar; y no por ser fundadora de Cofavic; su esposo fue acribillado por efectivos del ejército, en los sucesos del Caracazo, en 1989; de allí parte su actividad, que, “por lo directo que me atañe, se me hace más difícil”. “Durante los veinte años pasados el trabajo ha sido duro, de hormiguita, es hacer miles de cosas para ser escuchados y atendidos, pero la mayoría de las instituciones nos dicen que lo que defendemos son malandros`”. Lo mismo, en mayor grado, espetan a la hermana González y a la abogada Sánchez, abocadas a la causa carcelaria. Todas destacan el papel de Cofavic en la orientación otorgada. “Se debe extender la labor de crear conciencia de defensa los derechos humanos”. Largo y tortuoso Marianela Sánchez, que todavía espera justicia por los reclusos muertos en la cárcel de Vista Hermosa, en 2003, reflexiona: “Entre rejas y muros, donde se supone debe ser mayor la garantía, pareciera que van a la pena de muerte, que en Venezuela no existe”. Y abruma con una evidencia: “Cada dos días mueren tres reclusos en las cárceles venezolanas. En un barrio, quien tiene mayor posibilidad económica y poder es el que manda sobre la vida de los demás”. La religiosa González, que agrega a su trabajo una buena dosis de evangelización, promociona, “aún para los presos”, el disfrute de una vida digna, “del derecho a la salud y el respeto a la existencia humana, desde personas con VIH hasta niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad”. Estas activistas afirman estar conscientes de la situación del Estado de Derecho venezolano, por lo que “no importan tanto los resultados”. Dicen que siempre habrá una eventual ganancia: “Crecimiento humano, espiritual y profesional”. Otra cosa el Estado Más optimista, González reconoce avances significativos en el marco legal. Y dista un poco en la opinión: “Se ha redimensionado el movimiento de derechos humanos en el país y la Constitución es un gran aporte al respeto de éstos, aunque la polarización política hace ver lo contrario”. El resto de sus compañeras alegan que la carta magna se viola todos los días. Yris Medina se fijó una “gran meta”: Que se haga justicia por el caso de su esposo. Ante “nuestra ineficiencia judicial”, espera, al menos, que el Estado dé cumplimiento a la sentencia dictada, en 2002, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ella revela un sueño: Decirle a su hija, de 20 años, “logré lo que quería… para que se involucre en esta tarea”. Sánchez trasciende: “Hay que generar confianza hacia esos entes que tienen responsabilidad en derechos humanos. A Venezuela le sobran leyes, convenios y tratados para acometer la defensa de los derechos humanos de cualquier tipo. En teoría sí estamos adelantados”. Un ejemplo: “Con el mal uso del Copp, que es un buen instrumento, se violan los derechos y garantías constitucionales”. El trío de defensoras estiman que los organismos oficiales deben honrar su compromiso de responder ante una muerte provocada por sus funcionarios. “Pero para ellos las ONG somos un factor externo”, argumenta Sánchez. A pesar de su optimismo, González coincide con ambas compañeras en cuanto a la “ineficiencia” del sistema judicial venezolano. “No responde al marco legal que hemos construido. Para que exista un debido proceso debe haber el número suficiente de jueces, pero que no sean transitorios, además de fiscales”. Pese a lo escaso de resultados y la larga espera, quedaría cierta satisfacción: “El sólo hecho de que un preso te diga gracias porque sale de la cárcel y quiere regenerarse, es bastante alentador”, alegan Sánchez y González. Medina, quien ha recurrido a organismos internacionales para responder por los familiares de las víctimas del 27-F, lleva veinte años en la fase de explicación. “El Estado no me ha dado una respuesta satisfactoria. He perdido la fe completamente en él”. Tanto, que cree que su misión no terminará nunca. Para las dos observadoras de prisiones, a falta de Estado, las esperanzas se basan en las medidas cautelares provisionales dictadas, también, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de cuatro centros de reclusión, “donde deben garantizarse el derecho a la vida”. Ante la indiferencia del Estado, Sánchez asoma: “Creo que está esperando a ver quién se cansa primero”. Y recuerda al gobierno su esencia misma: “El socialismo es un trabajo comunitario y social, es informar y proteger los derechos de la gente”. ¿Qué pierde la democracia venezolana ante esta indefensión e indiferencia? El balance de la hermana de Caritas se basa en la carencia de “logros significativos”, pero “suficientes” en cuanto a la capacidad de la comunidad para entender el problema. “A nivel personal uno está más vulnerado ante la posibilidad de hacer una lucha cada vez más eficiente”, reconoce González. Yris Medina se arma del elemento de la impunidad para confrontar al sistema democrático. Y se pregunta: “¿Por qué debemos llegar a instancias internacionales para ser escuchados y predomine la justicia?”. María José González precisa un tejido social venezolano “muy débil, y eso hace que la gente exija cada vez menos el cumplimiento de sus propios derechos”. En medio de la estoica situación, Cofavic y otros organismos afines -como Provea-, intentan romper la atadura que limita sus inquietudes y objetivos. “Nos atacan enormemente, pero eso no nos va a detener, lo que falta es que nos callen la boca. Desde el 89 no hemos decaído ni dado un paso atrás”. A los largo de esos veinte años, confiesan sentirse engañadas y amenazadas. ”Y siempre lo estaremos”, vislumbra la hermana González. Y es que las garantías fundamentales son tan variadas como las expectativas de estas activistas: Derecho a expresarse, al trabajo, a la vivienda, a la salud, de acceso al agua. Así, concluyen estas mujeres, “todos somos defensores de los derechos humanos”. Ni tan débiles Los pocos casos de activistas hombres se remiten a personas que han sido afectadas muy directamente, con la pérdida de un hijo, por ejemplo. Medina alega que las mujeres dan el todo por el todo y son bastante más fuertes que el hombre a la hora de reclamar el respeto a los derechos fundamentales. (Fuente: El Tiempo) |
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