Sucesos
CÁRCELES Reclusos de La Planta denuncian corrupción en evaluación psicosocial

"No tenía los 2 millones para comprar el beneficio"

Los presos con apoyo familiar y ofertas de trabajo tienen más probabilidad de obtener medidas alternativas

EDGAR LÓPEZ
elopez@erl-nacional.com
 
"A los 21 años robé a una chama y me agarraron ahí mismito. Me pusieron robo genérico y me condenaron a 6 años. Llevo 4 años preso aquí, pero hace unos días me enteré de que me negaron el régimen abierto porque no tenía los 2 millones para comprar el beneficio".

El recluso tiene el estigma adicional de reconocerse y ser reconocido como un "chicharrón", como en el argot penitenciario se denomina a los presos que nunca o muy pocas veces reciben visita.

Sin apoyo familiar, la vida en prisión es más difícil y la posibilidad de abreviar el encierro a través de alguna medida alternativa de cumplimiento de la pena es más remota. Quizás la verdadera razón de que este recluso haya reprobado el examen psicosocial que se requiere para obtener cualquiera de las modalidades de prelibertad establecidas en la Ley de Régimen Penitenciario es la carencia de personas que, en la medida de lo posible, garanticen la no reincidencia en la comisión de delitos en las oportunidades en que se le permita salir de prisión.

A los 25 años de edad, este preso apenas cursa primer grado de educación básica y su oficio es vender café. Lo poco que gana debe invertirlo en "la causa", esa especie de cooperativas de presos que administran bienes y servicios que el Estado no provee. Destaca "la prote", como los presos denominan el pago que deben hacer a los más fuertes para sobrevivir.

La precariedad del currículo también constituye un lastre a efectos de conseguir trabajo o estudio, entendidos en la ley como mecanismos de redención de la pena.

"Me pusieron a hacer un dibujo. Me preguntaron qué quería hacer cuando saliera en libertad. Después de mes y medio me dijeron que no estaba preparado. Pero más de uno se ha ido de aquí comprando los exámenes. Si yo los pudiera comprar, ya estaría en la calle", insistió.

Sin esperanzas
Tiene 32 años de edad y debe pagar una condena de 22 años de cárcel por el homicidio de 3 personas ocurrido hace 7 años; desde entonces está preso. Conoce lo fundamental de la reciente sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que ha permitido el otorgamiento de beneficios y medidas alternativas a los incursos en delitos graves. Sin embargo, está convencido de que "el preso necesita más dinero que derecho para recuperar su libertad".

"El mes que viene me toca presentar los exámenes, pero lo más seguro es que me raspen. Aquí en La Planta hay 700 presos y a 600 les niegan los beneficios. ¿Por qué? Porque la mayoría no tenemos con qué pagar. Cobran de 1 a 2 millones".

"Somos 5 causas. Nos caímos los 5. Nos habían sentenciado a 30 años, pero nos remataron en 22. Desde hace tiempo me sale el destacamento de trabajo, pero no me han dado nada.

No tengo real ni tampoco nadie que me la mueva y si me raspan los exámenes tengo que esperar 6 meses para poder volver a presentarlos. Y, mi pana, en una cárcel 6 meses es mucho tiempo. En cualquier momento se forma un salpafuera y te quiebran. Esto es un cementerio de hombres vivos".

Por segunda vez
Con 39 años de edad, parece resignado a la desgracia: "Cuando estás aquí, tienes que vivir lo que hay aquí. No tienes para donde coger. Por ejemplo, eso del trabajo penitenciario es un cuento chino. La única posibilidad de trabajar que te ofrecen es en "el rancho" –el comedor–. Por eso, como yo, la mayoría se inventa un negocio, la venta de cualquier cosa, y trata que se lo reconozcan para la redención".

El recluso da cuenta de su reincidencia: "Hace 12 años pagué 3 años y 9 meses por lesiones graves; hubo desfiguración de rostro. Hace 5 meses me volví a caer por robo de vehículos. Estuve 2 meses en El Rodeo y llevo 3 más aquí en La Planta".

Conoce la historia del último delito por el cual fue condenado: "Como el robo de vehículos ha aumentado tanto en los últimos años, el Gobierno se afincó con las penas. Pero ahora como que sí va a haber beneficios para este tipo de delitos. A mí la jueza me dijo que el destacamento de trabajo me toca a partir del 1º de noviembre de 2009, porque admití los hechos y me rebajaron la pena. Esta vez me toca pagar 8 años".

A pesar de la precisión con que el recluso informa sobre el estado de su causa, es un reincidente y extraña que algún juez le haya ofrecido una medida alternativa de cumplimiento de pena.

Poco común. El padre llegó con una torta y más tarde llegaría la madre, que ese domingo estaba de cumpleaños.

Puede ser que esta familia de clase media disponga de recursos para alquilar un salón de fiesta, pero prefirieron no dejar fuera de la celebración al hijo de 38 años de edad que está preso en La Planta.

Seguramente esos padres han contribuido con el relativo confort (cama, televisor, reproductor de DVD y ventilador, entre otros enseres) del "bungalow" que ocupa el recluso. Vive en una de las iglesias evangélicas donde el deterioro general de la infraestructura física de cárcel y el riesgo de muerte es menor. Ya tiene jerarquía de diácono, lo cual también le reporta privilegios.

La versión policial difundida después de su detención, hace un año, indica que abusaba sexualmente de niñas de cuatro a seis años de edad y que las imágenes eran subidas a Internet. Está a la espera de que se inicie la fase de juicio y asegura que sólo ha sido acusado por delitos informáticos, de modo que no tendría prohibición alguna para optar a beneficios o medidas alternativas de cumplimiento de la pena.

Fue vocero de los presos durante el proceso que condujo a la sentencia del TSJ. Él mismo da cuenta de algunas de las credenciales que ha exhibido para gozar de buena reputación en La Planta: "Como ingeniero, trabajé en varias empresas públicas y privadas, y en algunas de ellas intervine en procesos de negociación".

En la investigación en su contra destaca su elevado coeficiente intelectual.

Su comprensión de las deficiencias estructurales del sistema penitenciario le permite actuar en beneficio propio y colectivo. Espera que el retardo procesal se supere con el trabajo efectivo de jueces y fiscales itinerantes. Y, además, que se constituya la mesa de redención por el trabajo y el estudio que debe existir en todas las cárceles, pero que en La Planta no ha sido posible por falta de designación de un representante del Ministerio del Trabajo.

También ha oído, aunque no se atreve a confirmar, de la supuesta corrupción de los funcionarios del Ministerio de Interior y Justicia encargados de elaborar los informes técnicos requeridos para la concesión de medidas alternativas de cumplimiento de la pena.

Mientras no está acompañado de familiares y amigos, este hombre sabe qué hacer para descontar días de prisión: en la mañana estudia Derecho, en una aldea universitaria dependiente de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y en la tarde trabaja como instructor del Ince.

Si alguna vez le toca rendir los exámenes que mortifican a la mayoría de los reclusos, probablemente contaría con todo lo que se necesita para salir airoso. Este preso poco común incluso sabe cómo se denominan algunas pruebas psicológicas, por los apellidos de los científicos que las inventaron.

Respuesta oficial. "Sí, en las cárceles existen algunas desviaciones", fue la única frase que soltó el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, al ser consultado sobre las denuncias que se desprenden de estas historias, acerca de la necesidad de pagar 2 millones de bolívares para obtener una medida alternativa del cumplimiento de la pena.

Fuente: El Nacional,

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