Pronunciamiento de sinergia ante las descalificaciones al doctor Humberto Prado y al Observatorio Venezolano de Prisiones

Exhortamos al Ministro de Interior y Justicia a abrir espacios de diálogo y le exigimos cesar en sus descalificaciones al Observatorio Venezolano de Prisiones

Sinergia, Asociación Venezolana de Organizaciones de La Sociedad Civil, promotora de la corresponsabilidad social que se manifiesta en la participación de personas y organizaciones civiles en asuntos de interés publico, y como espacio de encuentro y articulación de distintas expresiones organizativas venezolanas —entre ellas el Observatorio Venezolano de Prisiones—, presenta su enérgico rechazo a la agresión que se está haciendo a esta organización, sus directivos y quienes en ella participan, así como por el desconocimiento que el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia hace de sus responsabilidades y competencias.

Uno de los más urgentes reclamos que actualmente le hace la sociedad venezolana a quienes tienen la función de Gobierno se refiere a la garantía de la vida y la seguridad personal. Si la situación “en la calle” es dramática —Venezuela es actualmente uno de los países con más altos niveles de homicidios en el mundo—, en los recintos penitenciarios, que legalmente deben estar bajo el control total y exclusivo del gobierno, es aún peor: mientras fuera de los penales mueren anualmente hasta 5 personas por cada 10.000 habitantes, dentro de ellos han fallecido más de 220 reclusos por cada 10.000 en los últimos tres años.

Además de tener que enfrentar esta violencia extrema, las personas privadas de libertad viven en condiciones que no se corresponden con la obligación Constitucional del Estado venezolano de tratarlas “con el respeto debido a la dignidad humana” (Art. 46, CRBV). Basta solo con visitar cualquier institución penitenciaria del país para percatarse de esta realidad.

Desde hace varios años, el Observatorio Venezolano de Prisiones —iniciativa ciudadana que asume la problemática carcelaria buscando soluciones— ha venido no solo denunciando la violación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad y el trato indigno al que son sometidos sus familiares, sino proponiendo medidas concretas para contribuir a atender esta inaceptable situación. 

Sin embargo, en lugar de tomar en cuenta los señalamientos que legítimamente ha hecho el Observatorio Venezolano de Prisiones y de aceptar las solicitudes de reunión para analizar sus propuestas, el Ministro de Interior y Justicia ha respondido con descalificaciones y acusaciones infundadas acerca de sus motivaciones y propósitos. 

Si el Ministro de Interior y Justicia quiere realmente comenzar a ponerle fin a la crisis humanitaria que significan las cárceles venezolanas, tiene que escuchar a la comunidad y respetar la opinión de quienes conocen de la materia penitenciaria, como es el caso del Dr. Humberto Prado, Coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones, reconociendo que, tal como lo establece nuestra Constitución, “Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones…” (Art. 57) y “Todos los ciudadanos tienen el derecho de participar libremente en los asuntos públicos” (Art. 62).

Debe recordar el Ministro de Interior y Justicia que, de acuerdo con nuestra Constitución, “Toda persona tiene derecho, en los términos establecidos por los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos ratificados por la República, a dirigir peticiones ante los órganos internacionales creados para tales fines” (Art. 31).

En su último informe, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó “que el Estado venezolano, al igual que los demás Estados de la región, debe abstenerse de hacer declaraciones que estigmaticen a las defensoras y defensores o que sugieran que las organizaciones de derechos humanos actúan de manera indebida o ilegal, solo por el hecho de realizar sus labores de promoción o protección de los derechos humanos"

Por lo tanto, y teniendo como único fin la dignificación y el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, obligación del Estado expresada claramente en nuestra Constitución, exhortamos al Ministro de Interior y Justicia a abrir los canales de comunicación con organizaciones como el Observatorio de Prisiones, que mucho tienen que aportar en la solución de la crisis penitenciaria venezolana, y le exigimos poner fin a sus descalificaciones y acusaciones infundadas.

La vida, la salud, la integridad personal, en fin, la dignidad de más de 20.000 personas privadas de libertad y sus familiares están en juego. Sentarse a dialogar es un imperativo ético y político, y este diálogo exige necesariamente respeto y capacidad de escuchar.

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