Observatorio Venezolano de Prisiones

  • Aumentar el tamaño de la letra
  • Tamaño de letra predeterminado
  • Reducir el tamaño de la letra

Convención Americana sobre Derechos Humanos

Correo electrónico Imprimir PDF

CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

Ratificada el 09/08/1977, publicación de ley aprobatoria G.O. No.000000

Artículo 3. Personalidad Jurídica:
Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Comentario:
La personalidad jurídica es la cualidad del ser humano para ser titular de Derechos y obligaciones, con este artículo, lo que se busca es el reconocimiento a todo ser humano la cualidad de persona y por lo tanto se es poseedor de Derechos inherentes a él.

Concordancia:
Artículos 6 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 17 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 16 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 16 del Código Civil Venezolano: “ todos los individuos de la especie humana son personas naturales”.

Artículo 4.  Derecho a la Vida:
Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente.

Comentario:
Consagra la obligación de los estados partes a garantizar la vida de todas las personas desde el momento de la concepción. La Convención Americana, adopta la teoría de la concepción que reconoce que la vida humana independiente comienza desde esté momento, habría que destacar que esta teoría ha sido cuestionada, dada la dificultad para determinar exactamente el momento de la concepción. En Venezuela, nos acogemos a la teoría ecléctica, que reconoce la vida desde el momento del nacimiento, pero, al concebido se le reconoce como nacido cuando se trate de su bien.

Pena de Muerte
2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito.  Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los cuales no se la aplique actualmente. 

Comentario:
En los países donde no ha sido abolida la pena de muerte, solo podrá aplicarse para los delitos mas graves y en virtud de sentencia definitivamente firme dictada por un tribunal competente, independiente e imparcial preestablecidos por la ley , la cual debe ser dictada por el órgano competente para tal fin (Asamblea Nacional).La pena de muerte, será aplicada de conformidad con la ley que establezca como sanción está pena.

No Restablecimiento de la Pena de Muerte
No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. 

Comentario:
En virtud de esta obligación, Venezuela no puede restablecer la pena de muerte, para ello tendría que denunciar esta Convención y aún así no podría hacerlo luego de trascurrido un año de la denuncia. No se puede aplicar la pena de muerte a los Menores de edad.

No Aplicación de la Pena de Muerte 
4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los políticos. 
Comentario:
El concepto de delito político, es muy difícil de definir, debido a la amplia gama de acciones que podrían constituir este tipo de acciones delictuales, en este caso, para determinar la existencia de un Delito político, la doctrina ha determinado una serie de condiciones que deben darse, estas son : 

a. que el sujeto actué siempre en representación del grupo social que defiende según sus ideas.
b. Que el ataque sea a la organización política del país.
c. El sujeto obra en función de principios filosóficos, políticos y sociales que condicionan y determinan su conducta.

No Imposición de la Pena de Muerte
5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 

Comentario:
Establece la prohibición de aplicar la pena de muerte a todas aquellas personas que en el momento de la comisión del delito no hubiesen cumplido 18 años, tuvieren mas de 70 años o a las mujeres en estado de gravidez.

Derecho a Solicitar la Amnistía 
Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos. No se puede aplicar la pena de muerte mientras la solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente. 

Comentario:
Aquellos condenados a pena de muerte tendrán en todo caso derecho a solicitar la amnistía (otorgada por la Asamblea Nacional), el indulto (otorgado por el Presidente de la República), o la conmutación de la pena efectuada por el tribunal competente, en ese mismo sentido establece que la pena de muerte no podrá ser aplicada cuando cualquiera de estas solicitudes este pendiente de decisión. 

Artículo 5.   Derecho a la Integridad Personal :
Comentario: 
Este artículo proscribe la tortura, y establece la obligación de los estados partes de respetar la integridad física, psíquica y moral, de todos los seres humanos, en ese sentido, se consagra ciertas reglas de interés en el ámbito penitenciario como lo son la obligación de separar a los procesados de los condenados, entendiendo que los procesados son considerados inocentes y que solo por razones excepcionales donde en aras de la justicia estos son privados preventivamente de la Libertad, en el mismo sentido, se consagra que en los casos en donde los menores de edad sean procesados, estos estarán en recintos distintos de los adultos. 

Respeto a la Integridad
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

Prohibición de Torturar
2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

Principio de la Personalidad de la Pena 
La pena no puede trascender de la persona del delincuente.

Comentario:
Consagra, el principio de la personalidad de la pena, que puede ser visto en dos extremos, uno relativo a que la pena es individual, solo recae en la persona culpable de la comisión de un hecho punible, como consecuencia de que la responsabilidad penal es individual, y al resultar responsable e imputable de ello, merece una pena que es aplicable a esa persona en particular y que básicamente consistirá en la privación de su libertad. El otro extremo, tiene su origen en que esa persona la cual es sujeto de la aplicación de una pena , tiene derechos inherentes a su condición de ser humano, los cuales deben ser respetados y salvaguardados por el órgano gubernamental encargado de la custodia, por lo tanto conserva todos aquellos derechos que no sean restringidos por la imposición de la pena, tendría, en este caso, derechos por su condición de ser humano y derechos por su condición de preso.

Principio de la separación entre procesados y condenados
4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias 
excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. 

Principio de la separación entre menores y adultos
5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento.

Finalidad preventiva de la pena 
6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. 

Comentario:
Establece al igual que el artículo 272 de la Constitución y que la ley de régimen penitenciario, que la finalidad de las penas privativas de la libertad será la reforma y la readaptación social de los condenados. 

Concordancia:
Artículos 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 2 de la Ley de Régimen Penitenciario, 8 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas.

Artículo 6.   Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre:
Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas. 
Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio.  En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente.  El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido. 

No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo: 
a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente.  Tales trabajos o servicios deberán realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado; 
b. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquél; 
c. el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la comunidad, y 
d. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales.

Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal :
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

Principio de Legalidad
2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

Detenciones arbitrarias
Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 

Comentario:
Como consecuencia de este derecho, las detenciones o privaciones preventivas de la libertad, solo podrán ser efectuadas en virtud de una orden judicial dictada por la autoridad competente (JUEZ). En dado caso de que la persona sea detenida arbitrariamente este tendrá derecho a solicitar el amparo a la libertad personal conocido como Habeas Corpus.

Derecho a ser informado de los motivos de la detención 
4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

Derecho a ser llevado ante un juez 
5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

Derecho a acudir ante un juez 
6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales.  En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido.  Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

Prohibición de encarcelamiento por deudas 
7. Nadie será detenido por deudas.  Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios.

Artículo 8.  Garantías Judiciales: 
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

Presunción de inocencia y Garantías Mínimas 
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: 
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 
b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; 
d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; 
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 
g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 
La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

Doble persecución 
El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 

Principio de publicidad 
El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. 

Artículo 9.   Principio de Legalidad y de Retroactividad: 
Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable.  Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.  Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.

Artículo 10.   Derecho a Indemnización: 
Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en sentencia firme por error judicial.

Artículo 11.   Protección de la Honra y de la Dignidad: 
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Artículo 12.   Libertad de Conciencia y de Religión: 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión.  Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. 
2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. 
3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o libertades de los demás. 
4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Artículo 13. Libertad de Pensamiento y de Expresión: 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar:
a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 
b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido en el inciso 2. 
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. 

Artículo 17.   Protección a la Familia 
1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado. 
2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención. 
3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. 
4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo.  En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. 
La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo. 

Concordancias:
Artículos 75, 76 y 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 18.   Derecho al Nombre 
Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos.  La ley reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario. 

Artículo 20.   Derecho a la Nacionalidad
1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 
2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra. 
3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.

Artículo 24.   Igualdad ante la Ley 
Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de la ley.

Artículo 25.   Protección Judicial 
1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 
2. Los Estados Partes se comprometen: 
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; 
b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

Artículo 32.  Correlación entre Deberes y Derechos 
1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. 
Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.

 

 

Premio de Derechos Humanos 2009

El Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela y la Embajada de Canadá en Venezuela anuncian que el Premio de Derechos Humanos 2009 ha sido otorgado a Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

Leer mas...